El Consejo de Ministros analizó el anteproyecto de ley de los contratos hipotecarios para adecuar la normativa a las reglas europeas y reforzar la protección de los consumidores después de la polémica desatada a raíz de las cláusulas suelo. La nueva regulación, que pretende aprobar el Gobierno, introduce algunas novedades sustanciales para evitar abusos por parte de las entidades financieras, tanto para particulares como para el colectivo de los autónomos.

Nuevo mínimo histórico para el euríbor, el indicador que sirve de referencia para la mayoría de las hipotecas en España. 

La abuela de Cristina vive de alquiler en un piso en el centro de Madrid desde hace más de 40 años. El contrato de arrendamiento es de renta antigua con lo que paga a día de hoy unos 300 euros al mes, un precio inferior al de mercado. Pudo subrogarse al contrato de su marido ya fallecido. Y el caso de la abuela de Cristina es el de tantos otros. También ocurre en el alquiler de locales. 

Las compraventas de vivienda libre realizadas por ciudadanos extranjeros suponen ya un 20% del total del mercado español, según los datos publicados por los   sobre el primer semestre de 2016. Entre enero y junio sumaron 43.519 operaciones, un 161,2% más que las cifras mínimas registradas en el segundo semestre de 2008, cuando apenas se alcanzaron las 16.658 transacciones. Este dato vuelve a marcar máximos de la serie histórica sobre extranjeros.

La concesión de hipotecas para comprar una vivienda ha cogido velocidad a la vuelta del verano. Según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), en septiembre se formalizaron 26.667 préstamos hipotecarios, un 10% más que en el noveno mes del año pasado y la cifra más alta desde enero de 2012, cuando se concedieron más de 29.000. Respecto a agosto, el número de hipotecas ha repuntado casi un 30% y acumula a lo largo del año un repunte del 12,6%.

El mercado residencial español necesita más alquileres.

España tiene que romper con el pasado donde reinaba la propiedad y que buscar un equilibrio con el alquiler. Solo así, el mercado podrá dar respuesta a las necesidades de la demanda actual. Una demanda que depende en gran parte del colectivo joven que no puede permitirse comprar una casa.

Alberto vendió su casa hace dos años por un precio inferior al de compra porque le urgía el dinero. No sólo tuvo pérdidas, sino que el Ayuntamiento donde vive le hizo pagar el impuesto de plusvalía municipal porque según sus cálculos tuvo ganancias. Ahora el Tribunal Constitucional ha sentenciado que en el caso de Alberto es inconstitucional, como el de tantos otros, por vulnerar el principio de capacidad económica. Pero no son los únicos casos sangrantes para el contribuyente. 

Nace en Barcelona un sindicato para inquilinos,apuesta por que se limiten los precios del alquiler

El primer sindicato para inquilinos de España no podía nacer en otra ciudad que Barcelona. Al amparo de entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) o el Observatorio DESC (acrónimo de 'drets econòmics, socials i culturals'), entre otras, tienen como objetivo "hacer presión a las administraciones para que regulen los precios de los alquileres" en Barcelona y "defender el derecho a la vivienda".

Uno de los gremios que quiere beneficiarse de la recuperación económica es el de los caseros: ahora es el momento de subir los alquileres, después de unos años de rebajas. Pero ¿compensa perder a ese inquilino formal? Hay casos en los que compensa asumir el riesgo, sobre todo si la renta actual es muy baja, pero casi siempre es mejor consensuar el incremento de la renta con el inquilino para no perder a una persona que ha cumplido y no ha sido problemática.