Desde verano de 2018, Cataluña es la región con más causas de este tipo, con más de 4.100 procedimientos, según los datos del CGPJ

Los juzgados han recibido en los últimos cinco años casi 17.000 demandas por okupación ilegal de viviendas en toda España. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de este año, lo que suma justo un lustro, se han contabilizado 17.264 ingresos de procedimientos de este tipo en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia, con una media de 9 demandas al día.

El último dato publicado, referente a este verano, cifran en 373 el número de demandas que han interpuesto los ciudadanos por okupación ilegal de viviendas, con un descenso del 38,6% interanual, rompiendo la tendencia al alza de primavera. 

Y es que en el segundo trimestre el CGPJ contabilizó 797 procedimientos, un 2,3% más respecto al mismo periodo de 2022 (740) y de hasta el 26,7% frente a los primeros tres meses del presente ejercicio (629). En términos absolutos, el número de asuntos ingresados en el segundo trimestre es el más alto en casi dos años (desde el tercer trimestre de 2021, con 906 casos), mientras que entre enero y septiembre han llegado a los juzgados de toda España 1.799 demandas por okupación ilegal de viviendas. 

No obstante, los niveles que se están registrando en los últimos meses están lejos de los de finales de 2018 o 2019 y en primavera de 2021, cuando se superó el millar de casos por trimestre.

Estos datos incluyen las demandas de los propietarios que sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o bien, entidades públicas poseedoras de vivienda social, que posteriormente desembocan en los juicios verbales posesorios por okupación ilegal de viviendas.

Cataluña, la región con más demandas

Si miramos los datos acumulados por comunidades autónomas, descubrimos que Cataluña es la que encabeza el ranking nacional, con más de 4.100 demandas en cinco años, lo que supone prácticamente una cuarta parte del total (23,9%).  

Le siguen Andalucía, con más de 3.500 procedimientos; Comunidad Valenciana, con más de 2.200; Madrid, con más de 1.500; y Castilla-La Mancha, con más 1.100. Solo entre estas cinco regiones aglutinan un 73,5% de las demandas por okupaciones de todo el país en los últimos cinco años.

Ya a distancia se encuentran Canarias, Baleares, Murcia y Galicia, todavía por encima del medio millar de procedimientos, mientras que el resto de las autonomías ya registran menos de 500 demandas en los últimos cinco años. En las últimas posiciones del ranking están Navarra y La Rioja, con menos de 100 unidades.

Si miramos la evolución de los procedimientos ingresados, descubrimos que cuatro autonomías han registrado en verano un aumento de demandas por okupación ilegal de inmuebles residenciales, con Asturias, Extremadura y La Rioja a la cabeza (con alzas del 150%), seguidas de Galicia (31,8%). Al otro lado de la tabla se encuentra Navarra, que es la única donde no se ha producido ni un solo caso en el tercer trimestre, así como Cantabria y Murcia, con bajadas de más del 70% interanuales, mientras que en Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cantabria las caídas son de al menos el 60%. 

En los últimos dos trimestres, Barcelona ha sido la provincia donde los propietarios han interpuesto más demandas por okupación ilegal de viviendas, con un total de 125 procedimientos en seis meses, seguida de Alicante y Madrid (con 104 asuntos en cada caso) , Girona (76) y Valencia (71). En cambio, en Teruel, Guadalajara y Ourense no hay constancia de ningún caso.

Demandas por okupación de viviendas ingresadas en los juzgados por provincias

Además de las demandas por okupación ilegal de viviendas, la estadística del Consejo General del Poder Judicial también cuantifica cuántos procedimientos se han resuelto en los últimos años. Entre 2018 y 2022, se han resuelto 12.739 asuntos, siendo 2021 el año más destacado (3.300). A cierre del año pasado, no obstante, aún había más de 2.500 demandas en trámite. Cataluña y Andalucía son las regiones que encabezan de nuevo la lista, con más de 500 casos pendientes de resolución.

Las sentencias tardan hasta 20,5 meses de media

El tiempo que deben esperar los propietarios en España para tener una sentencia que permita desalojar a los okupas de las viviendas sigue aumentando, después de que en 2022 alcanzará un plazo medio de 20,5 meses, entre los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recopilados por idealista/news a mediados de año, el periodo medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil se situó en 10,9 meses en 2022, frente a los 9,6 meses de un año antes. En solo cuatro años, el plazo se ha más que duplicado (en 2018, el promedio en el conjunto del país se encontraba en 4,9 meses).

Pero a esos tiempos hay que añadir lo que tardan las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales en procedimientos civiles, que en 2022 registraron una media de 9,6 meses, también por encima de los 8,5 meses de los dos años anteriores y de los menos de 7 meses contabilizados en 2017 y 2018.

En regiones como Baleares, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana, el procedimiento en primera instancia supera los 11 meses e incluso el año, algo que sucede en Andalucía y Murcia. Al otro lado de la tabla están La Rioja, Navarra y País Vasco, con una media inferior a los siete meses. 

Si a esos plazos añadimos los promedios autonómicos de las Audiencias, cuatro de esas regiones repiten en lo alto de la clasificación nacional, con períodos superiores a la media. Se trata de Andalucía (22,5 meses), Baleares (23,2 meses), Canarias (23,5 meses) y Castilla y León (31,5 meses). En este último caso, cabe destacar los casi 20 meses que se retrasan las apelaciones de sentencias, lo que más que duplica el promedio nacional. Esto provoca que el plazo total supere los dos años y medio.

Duración media de los procedimientos judiciales por ocupación ilegal de viviendas en las CCAA

Los expertos recuerdan que esta tendencia al alza viene impulsada por varios factores, como el mal funcionamiento de la Administración de Justicia por falta de medios; o la Ley de Vivienda, una normativa que entró en vigor en España el pasado mes de mayo y que ha traído un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil que provoca que el proceso para recuperar una vivienda todavía sea más complejo. En su opinión, es necesario que se lleven a cabo cambios normativos para acelerar la recuperación de los inmuebles.

FUENTE: ANA P. ALARCOS DE IDEALISTA