Desde el pasado 18 de febrero está en vigor la norma catalana que permite a los ayuntamientos instar el desahucio de pisos ocupados ilegalmente. Pero, además, en esta ley se establecen sanciones para grandes propietarios (empresas o personas con más de 15 viviendas en propiedad) que en determinados supuestos no actúen ante la ocupación ilegal de sus inmuebles. Las multas pueden llegar hasta los 90.000 euros e incluso pueden habilitar al ayuntamiento competente para hacerse con el uso de la vivienda durante siete años.

 

Principales novedades de la ley 1/2023

 

Para empezar, esta norma obliga a grandes tenedores a ejercer las acciones necesarias para desahuciar a los okupas de los inmuebles de su propiedad, en caso de que la okupación haya alterado la convivencia vecinal, el orden público o ponga en peligro la seguridad del inmueble.

 

Así, en caso de que los grandes propietarios no actúen, el ayuntamiento donde se encuentre la propiedad (u otras entidades públicas a las que se les atribuya competencia en esta materia) les puede requerir para que cumplan con su obligación. Las sanciones se impondrán si el gran tenedor no interpone la acción de desahucio de su inmueble en un plazo de un mes. Así, para evitar las sanciones es suficiente que interponga la acción de desahucio y lo notifique en plazo a la administración pública, con independencia de cuánto tiempo tarde en producirse el desalojo efectivo de los ocupantes.

 

Esta ley prevé que el plazo de un mes comience a correr, aunque el requerimiento sea infructuoso. Pasado un mes desde la recepción de requerimiento (o desde que debió tenerse por recibido conforme a la norma de procedimiento administrativo), si el gran tenedor no aporta el título habilitante de la ocupación ni acredita haber interpuesto acciones judiciales, el ayuntamiento (a través del alcalde) puede ejercitar directamente la acción tendente al desalojo (corriendo por cuenta del propietario todos los costes).

 

Las sanciones que prevé la nueva ley

 

Además de tener que correr con los gastos del procedimiento que inicie en su sustitución el ayuntamiento, los grandes tenedores que no atiendan en plazo los requerimientos de esta nueva Ley 1/2023 estarán cometiendo una infracción grave bajo la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de Cataluña y eso puede derivar en:

 

Multas de entre 9.001 a 90.000 euros. Estas multas pueden condonarse en hasta un 80% si se repara la infracción, esto es, si se interponen las acciones judiciales, aunque sea fuera de plazo.

El ayuntamiento del municipio donde esté situada la vivienda puede adquirir su uso temporalmente por un plazo de siete años para dedicarlo a políticas públicas de alquiler social y con las rentas que perciba puede resarcirse de la deuda que origine el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes y de los gastos derivados de adecuar la vivienda a la normativa de habitabilidad. También puede destinarlas al cobro de las sanciones impuestas.