Los tenientes alcalde, anunciaron ayer que desde el Ayuntamiento de Barcelona se han iniciado los trámites para vetar un uso hotelero de los inmuebles de las calles Sant Pere Més Alt y Amadeu Vives, como hasta ahora se le permitía.

La derogación del plan urbanístico nace del rechazo vecinal y de entidades del barrio que se manifestaron en contra de lo que consideraron "un pelotazo urbanístico" y reducía espacios para equipamientos para los vecinos. La teniente alcalde Janet Sanz celebró que se haya frenado "el legado de Fèlix Millet" y haya sido "gracias al trabajo de mucha gente que, desde su vertiente profesional o activista, han denunciado y luchado por que esto pase". 

El consenso político llegará tras el pleno municipal de Urbanismo, además de necesitar trabajar con la Generalitat de modificar el plan. De momento, ya se ha aprobado en pleno dos propuestas para darle un nuevo uso a los inmuebles afectados: una en junio de 2010 y la otra en julio de 2016. Un nuevo uso sería, por ejemplo, un centro docente.

Hasta la fecha, las fincas de la calle Sant Pere Més Alt son propiedad de Olivia Hotels y las fincas de la calle Amadeu Vives, en su lugar, pertenecen al Instituto de las Hermanas de las Escuelas Cristianas. Ambas se incluyen en la zona 1 del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), en la denominada zona de decrecimiento natural, es decir, que no se admiten nuevos establecimientos hoteleros ni ampliación de plazas en esa zona.

La modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para que se construyera allí un hotel lleva aprobado desde 2009. Manuel Valderrama, el promotor de Olivia Hotels, que fue llamado a declarar en 2014 en el aún abierto juicio del Caso Palau, defendía que se podía levantar el hotel. Algo que también apoyaba la anterior junta directiva de la fundación. Esa modificación se lo permitía. Pero tanto en junio de 2010 como julio 2016 se solicitó deshacer esa modificación del PGM. 

El próximo paso es que se apruebe la tramitación en la subcomisión de Urbanismo de Barcelona. Los tenientes alcaldes prevén que, una vez aprobada la derogación, las instituciones de los convenios patrimoniales y urbanísticos articulen una fórmula adecuada para dejar sin efecto las obligaciones que se derivan de esos acuerdos, es decir, sin tener que responder económicamente a los actuales dueños.