En 2016 nuestro país ingresó unos 1.034 millones de euros, un 0,09% del PIB, por este impuesto, que está pendiente de renovación en los Presupuestos de 2018. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha señalado que lo eliminará en 2019, así que ya solo quedaría nuestro país como único de Europa que mantendría este gravamen.

El caso de nuestro país es peculiar porque en 2012 se puso en marcha de nuevo con carácter transitorio pero año tras año se ha ido prorrogando en los Presupuestos. Se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas. Madrid es la única que tiene una bonificación del 100%. Según datos del Consejo General de Economistas REAF, en el caso de un contribuyente con un patrimonio de 800.000 euros, si en Aragón paga cada año 1.164 euros, y en Extremadura dedica 1.099 euros, en Madrid no paga ni uno.

Las comunidades que más recaudan con el tributo son Navarra -con un 0,26% de su PIB, es decir, 48 millones de euros-, seguida de Cataluña, con un 0,23% - 462 millones-, debido a que tienen un mayor número de grandes fortunas y tipos más elevados frente al resto del país. El impuesto tiene un mínimo exento de 700.000 euros, aunque algunas regiones cuentan con umbrales más bajos.

Los expertos difieren sobre este impuesto que algunos ven confiscatorio porque el patrimonio ya está grabado en el IRPF. Además, puede provocar una deslocalización de fortunas. Por ejemplo, la Hacienda de Francia calculó que desde 2009 unas 850 grandes fortunas habían cambiado de lugar de residencia para evitar este impuesto…