La última cifra oficial es la más baja desde el año 2013. A pesar de que por aquel entonces los datos no se recogían por semestres naturales, sí que observamos que entre abril y septiembre de dicho ejercicio se llevaron a cabo 5.468 solicitudes, prácticamente la mitad que entre julio y diciembre del año pasado. 

Por regiones, hay pocas novedades: las autonomías que siguen liderando las solicitudes son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que a nivel provincial Barcelona y Sevilla son las primeras del ranking, una tendencia que se viene observando desde principios de 2015, aunque Valencia ha sustituido a Madrid en la tercera plaza. Otras de las características comunes en las solicitudes es que su deuda hipotecaria se encuentra entre los 100.000 y los 150.000 euros y que el tipo medio de sus préstamos se supera el 2%.

Economía también recuerda que no todos los deudores hipotecarios están protegidos por el Real Decreto-ley aprobado en marzo de 2012. Éste solo puede beneficiar a los que son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, que se encuentran con dificultades sobrevenidas para hacer frente a los pagos de sus préstamos y las cuotas a pagar superan el 50% o 40% de sus ingresos. Según la norma actual, quienes cumplan estas características pueden solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma de modo que disminuya el importe de sus cuotas o, en último término, entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.

 

Más de 9.000 viviendas sociales

 

Economía también ha aprovechado para hacer balance de los hogares que se han beneficiado en los últimos años de otras ayudas al margen de las que incluye el Código de Buenas Prácticas. Si a ellas sumamos los lanzamientos que han sido suspendidos a través de la moratoria hipotecaria (24.039) y los que han conseguido una vivienda del Fondo Social (9.062), el número de hogares vulnerables beneficiados se eleva a 78.798.

Y todo apunta a que dicho balance seguirá in crescendo próximamente, sobre todo teniendo en cuenta que el Fondo Social de Vivienda se ha prorrogado un año más, tras vivir previamente dos ampliaciones. De momento, se mantendrá operativo hasta el 17 de enero de 2018.

El objetivo de este fondo es ofrecer viviendas en alquiler cuya renta va desde los 150 y los 400 euros mensuales, estableciendo un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Además, se han incluido nuevos colectivos que pueden optar a una vivienda de este tipo: pueden solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos.

Por otro lado, se prevé que al menos el 5% de las viviendas que tiene en cartera el fondo se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. Entre ellos, haber perdido la vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago.