El problema de la ocupación ilegal de viviendas y el dilema que viven las familias más vulnerables ha vuelto al Congreso de los Diputados. PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias han apoyado una proposición de ley del PdeCat, antigua CiU, para agilizar los desahucios en los casos en los que se demuestre que actúan las mafias que trafican con pisos vacíos. La oposición critica que solo se actúa contra el desahuciado, que alquiló de forma ilegal, y no para acabar con estos grupos organizados.

Los grupos mafiosos que se dedican a ocupar viviendas de forma ilegal y extorsionan a los propietarios para recuperar el inmueble o realquilan el piso, principalmente a familias en riesgo de exclusión social, están proliferando cada vez más en estos años de resaca de la crisis inmobiliaria. En Barcelona y Madrid aumenta este tipo de mafias que ocupan casas de los propietarios particulares, administraciones, empresas y bancos.

Pese a que en general, todo el arco parlamentario quiere acabar con las actuaciones ilegales de este tipo de mafias, no se ha llegado al pleno consenso con la proposición de ley presentada por el Partido Democrático de Cataluña (PdeCat) que pretende agilizar el lanzamiento judicial en los casos en los que los propietarios denuncien que su vivienda ha sido okupada sin su consentimiento.

La iniciación del trámite como proposición de ley ha contado con 176 a favor, de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias y PdeCat, frente a 162 votos en contra de PSOE, Unidos Podemos y ERC.

“Los legítimos dueños de las casas pueden tardar hasta dos años en recuperarlas por los cauces legales”, afirmó la diputada Lourdes Ciuró, del PdeCat. Por su parte, la portavoz del PP, Ana María Zurita, ha aportado datos durante su argumentación. “En Madrid hay 1.400 viviendas ocupadas, un 85% en la capital”. Mientras en Barcelona , ha afirmado que las okupaciones “han crecido"un 60% en el último semestre de 2016".

La oposición ha criticado que lo único que hace esta norma es actual contra el inquilino ilegal, que en muchos casos se encuentra en riesgo de vulnerabilidad y no se busca acabar con las mafias de los pisos.

La proposición pide “modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para permitir el lanzamiento judicial de inmediata recuperación de las viviendas cuyos propietarios denuncien que han sido desposeídos sin su consentimiento, siempre que los dueños sean personas físicas, entidades sociales y administraciones”. Esto supone que, por el momento, se deja fuera a los pisos de empresas y la banca.

La portavoz del PSOE, María del Mar Rominguera Salazar, criticó la propuesta “por tener como única finalidad expulsar al ocupante y no castigar al extorsionador”. El resto de grupos argumenta que no se da alternativa a la persona que ha alquilado de forma ilegal, si es una persona o familia en riesgo de exclusión social.

Tras este primer paso, la proposición de ley pasará por comisión y volverá al Pleno una vez que se voten las enmiendas de todos los partidos.