Suprimir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)

El pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ha sido una de las grandes batallas de la banca y los juzgados españoles durante el 2018. Finalmente, el Gobierno de Pedro Sánchez intervino en la polémica y mediante una ley estableció que los bancos deberían ser los pagadores de este impuesto. Esta medida se incluía en el Decreto Ley del crédito inmobiliario de 2018.

Sin embargo, desde el grupo parlamentario del Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, también han aprovechado la tramitación de la ley hipotecaria para intentar hacer realidad una de sus promesas electorales: eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) a la banca. Y es que en una de sus enmiendas se propone que los bancos estén exentos de pagar este tributo cuando concedan una hipoteca para primera vivienda, lo que les ahorraría abonar entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria.

Cambio en las vinculaciones

En el Decreto Ley del 11 de diciembre de 2018 se prohibían las prácticas de venta vinculada en los préstamos hipotecarios con la excepción de la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario.

Desde iAhorro recuerda que la norma apunta que el banco deberá aceptar pólizas alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes a la que la entidad hubiera propuesto. La enmienda del Senado matiza que las pólizas de seguros ofrecidas por el prestamista deberán ser de carácter temporal anual renovable.

Con esta medida se propone que el banco ya no pueda obligar al cliente a abonar 4.000 o 5.000 euros de golpe por un seguro que dure cinco o diez años, algo que sucede actualmente con ciertos seguros de vida o de protección de pagos. Con esta enmienda se pretende que las pólizas ofrecidas por las entidades se puedan renovar siempre de año en año, lo que le daría al cliente la opción de comparar su seguro con el de otras compañías y la posibilidad de cambiarse cada 12 meses a la empresa que le ofreciera unas mejores condiciones.